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Con fecha 12 de noviembre de 2014, la Suprema Corte de Justicia resolvió poner en conocimiento de los señores magistrados del fuero penal la información suministrada por el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires respecto del uso del sistema de monitoreo electrónico, las unidades disponibles y los listados elaborados al efecto.
Con fecha, 13 de noviembre de 2014, la Suprema Corte de Justicia y el Ministerio de Justicia provincial suscribieron un Convenio Marco de Colaboración destinado a implementar un sistema de notificaciones y comunicaciones electrónicas que posibilite el intercambio de información entre los órganos jurisdiccionales y el Ministerio de Justicia, iniciando dicha operatoria, a modo de prueba piloto, entre el Tribunal de Casación Penal y la Jefatura del Servicio Penitenciario Bonaerense; como así también a establecer un sistema de registro electrónico que permita el acceso por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de las Personas Privadas de la Libertad, a las solicitudes de aval de traslado de detenidos efectuadas a los órganos jurisdiccionales por el Ministerio de Justicia, en cumplimiento de lo dispuesto por este Tribunal en el fallo P. 107.609 y el monitoreo del cumplimiento por parte de los magistrados del dictado de la correspondiente resolución confiriendo o no dicha autorización.
Con fecha 2 de julio de 2014, la Suprema Corte de Justicia, resolvió recordar a los Señores Magistrados del Fuero Penal lo resuelto por esta Suprema Corte en el Fallo P. 107.609 en cuanto al requerimiento de autorización previa para hacer efectivos los traslados de los detenidos a su disposición, arbitrando todos los medios necesarios para que la resolución que corresponda sea adoptada dentro de los plazos normados en el Código Procesal Penal y en la Ley de Ejecución Penal.
Con el objetivo de facilitar el acceso a la justicia de las víctimas y agilizar la adopción de las medidas más urgentes, la Suprema Corte de Justicia, a través de su Presidente Eduardo Néstor de Lazzari, y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia, representado por su titular Ricardo Casal, suscribieron un convenio por el cual se aprobó un formulario de fácil manejo que será utilizado en las comisorias de la Provincia de Buenos Aires para la recepción de denuncias por hechos de violencia familiar.
Con fecha 18 de abril de 2012, la Suprema Corte de Justicia resolvió que el monitoreo sobre la situación en el Complejo Penitenciario de José León Suárez continúe en forma profunda, con la densidad necesaria, a través de la labor conjunta y complementaria del Ministerio de Justicia y Seguridad, la Procuración General y el Comité Permanente de Seguimiento Departamental, organismos a los que se solicitó informes periódicos al respecto.
La Suprema Corte de Justicia firmó un Convenio con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en el marco de la creación del Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos.
Con fecha 20 de octubre de 2010, se suscribió el convenio marco de colaboración entre la Suprema Corte de Justicia, la Procuración General y el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires sobre disposición, retiro y transferencia de los bienes muebles no registrables, valores y dinero secuestrados en causas penales.
Con fecha 29 de septiembre de 2010, la Suprema Corte de Justicia resolvió "recordar a los jueces del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que, en el término de seis (6) meses, deberán culminar con el decomiso y la disposición de los efectos y bienes no registrables secuestrados en las causas penales a su cargo y que tramitaran ante los Tribunales de Menores disueltos, de conformidad con lo dispuesto por los Acuerdos 3492 y 3495, confiriendo intervención al Ministerio de Justicia y al Patronato de Liberados, según corresponda."
Con fecha 19 de mayo de 2010, la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General dispusieron la adopción de diversas medidas tendientes a complementar la instrumentación del Convenio de colaboración suscripto por la Presidencia del Tribunal y la Procuradora General con el Ministerio de Justicia de la Provincia, vinculado con el Registro Nacional de Armas de Fuego y materiales controlados, secuestrados e incautados (RENAR).
Con fecha 10 de marzo de 2010, la Suprema Corte de Justicia resolvió disponer que las Cámaras de Apelación Departamentales instrumenten la entrega y retiro de los materiales referenciados por parte del Ministerio de Justicia, destinados al Programa de Disposición de Tecnología en desuso.
Con fecha 15 de abril de 2009, la Suprema Corte resolvió propiciar ante los Poderes Ejecutivo y Legislativo el dictado de una norma que apruebe el Plan de Infraestructura Edilicia elaborado por la Suprema Corte de Justicia y la Procuración General, conjuntamente con el Ministerio de Justicia, en el marco de lo normado por el artículo 8º de la Ley 13.795 y declare en forma genérica, de utilidad pública los bienes inmuebles ubicados en las zonas establecidas en el citado Plan.
